19 de diciembre de 2013
El plan para privatizar aparcamientos municipales comienza con el "Ortega y Gasset 1"
PRIVATIZANDO TAMBIÉN DESDE ABAJO
Afectará negativamente a la movilidad sostenible
El Ayuntamiento de la capital planea la venta de los aparcamientos municipales para residentes. Se trata de un paso más en la venta y privatización de lo público, en este caso el subsuelo, al tiempo que se malogra una herramienta que se ha mostrado eficaz para la movilidad sostenible. Así lo denuncia el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, al que pertenece Ecologistas en Acción.
Se hace realidad lo anunciado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del 7 de junio de 2013. Habló de “un proceso de liberalización de aparcamientos” para permitir la venta, alquiler y trasmisión de las plazas de aparcamiento de los residentes hoy en régimen de concesión.
En este caso, la “liberalización” supone la venta del subsuelo público y la pérdida de una herramienta fundamental para gestionar la movilidad desde los criterios de la eficiencia colectiva y la sostenibilidad.
Como consecuencia de esa propuesta política del Gobierno municipal, se han iniciado los procedimientos para la desafectación como bienes de dominio público de varios de los aparcamientos de residentes, siendo el denominando “Ortega y Gasset 1” el primero que pretende venderse a cualquier persona o empresa.
Ataque a la movilidad sostenible
Los Aparcamientos Municipales de Residentes –bajo el régimen de concesión de uso– han sido, desde su creación en los años ochenta del siglo pasado, un instrumento de la política de movilidad de la ciudad y también de la política de espacio público. Se trataba de sacar los automóviles de las calles y evitar que las nuevas plazas tuvieran un efecto llamada, generando nuevo tráfico de visitantes ajenos a los barrios.
Siguiendo esa lógica, hasta ahora en los 287 aparcamientos de residentes (113.000 plazas en total) solo podían tener plaza las personas físicas que, disponiendo de vehículo, residieran de hecho y estuvieran empadronadas en el área de influencia establecida para cada aparcamiento.
Pero la política de venta de los estacionamientos significa darle la vuelta completa al concepto de estos aparcamientos: estimularán el acceso en automóvil a los barrios en lugar de reducir la presión en superficie.
Cualquier particular o empresa podrá comprar plazas de aparcamiento en cualquier barrio de la ciudad, generándose con ello un incremento del atractivo para llegar a dichos barrios en automóvil. Los residentes sin plaza subterránea, a su vez, presionarán más sobre el espacio público en superficie. El concepto sobre el que se construyeron estos aparcamientos quedará dinamitado en aras de un ingreso coyuntural para el Ayuntamiento.
La privatización del subsuelo que provoca el Plan Especial Ortega y Gasset 1 se apoya en una discutible separación de las naturalezas jurídicas del suelo y del subsuelo, de forma que el subsuelo de un suelo de dominio público deje de tener esa naturaleza y pueda venderse y comprarse en el mercado inmobiliario. La privatización de un bien público debe estar motivada, tal y como determina la legislación, cosa que no ocurre en este caso.
Además, hay que llamar la atención sobre el hecho de que el suelo en superficie seguirá siendo público y por debajo habrá propietarios privados, afectados por ejemplo por lo que ocurra por encima de la rasante, lo que indudablemente conllevará reclamaciones de daños diversos a lo largo del tiempo.
En definitiva, el Foro de la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid se opone a la aprobación del Plan Especial relativo a la ordenación y desafectación del aparcamiento para residentes “Ortega y Gasset 1” por los siguientes motivos:
• La venta de las plazas de aparcamiento municipales de los residentes destruye la política de movilidad bajo la que se concibieron hace más de dos décadas.
• La venta de las plazas de aparcamiento municipales supone un grave precedente de venta de subsuelo.
• La venta de las plazas de aparcamiento abre una compleja y gravosa carga de gestión de las relaciones entre la propiedad de la superficie (el Ayuntamiento) y la propiedad del subsuelo.
• La enajenación del subsuelo público no puede convertirse en un simple instrumento para la financiación de la Hacienda Municipal en tiempos de crisis en detrimento del interés general de la ciudad.
Más información: Elena Díaz: 649 622 161
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